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EN DEFENSA DE LA ACUSACIÓN POPULAR

 

Oviedo, 20 de abril de 2017

 

La Asociación Proceso y Garantías, integrada por Catedráticos y Profesores de Derecho Procesal de Universidades públicas españolas, en su reunión anual celebrada en Oviedo el día 20 de abril de 2017, con ocasión de la IV Jornadas de Derecho Procesal sobre Acceso a la justicia, en relación con las iniciativas que en los últimos años han pretendido la reforma de elementos estructurales del proceso penal español, expresa su preocupación por la que se quiere llevar a cabo respecto de la acusación popular.

 

La acusación popular es una figura jurídico-procesal de honda raigambre histórica en el ámbito hispano, que se remonta como mínimo a Las Partidas de Alfonso X el Sabio. Se trata de un modelo inigualado de participación y colaboración de los ciudadanos en la administración de la justicia, como expresa el artículo 125 de la Constitución. En palabras de Calamandrei, es un lujo del Derecho por ser escuela de Ciudadanía y de Democracia.

 

Por ello, ante el propósito de establecer limitaciones subjetivas y objetivas en los diversos textos pre-legislativos para la reforma del proceso penal, así como ante algunas declaraciones de representantes políticos, los Profesores miembros de la Asociación acordaron manifestar públicamente las siguientes consideraciones:

 

1. La acusación popular ha cumplido siempre y sigue cumpliendo actualmente una función esencial de garantía para la sociedad de persecución de los delitos, singularmente ello se aprecia en delitos como terrorismo, corrupción política, criminalidad económica, vulneraciones graves al equilibrio ambiental, violencia de género, pederastia, etc.

 

2. Resulta innecesario reproducir aquí las múltiples infracciones criminales en las que la acusación popular ha resultado imprescindible, por la insuficiente actuación del Ministerio Fiscal, a fin de esclarecer y promover la persecución de determinados hechos delictivos, en particular de aquellos con implicaciones políticas, lo que confirma el fundamento del origen histórico de esta clase de acusación.

 

3. En el caso de que se opte por atribuir la dirección de la investigación penal al Ministerio Fiscal y el monopolio de la acusación, se agravarían estas dificultades, pues los ciudadanos dejaríamos de tener en vigor un instrumento valioso para vigilar, complementar y suplir inactividades de este órgano público constitucional.

 

En consecuencia, la Asociación de Profesores de Derecho Procesal Proceso y Garantías estima que la acusación popular debe mantenerse en nuestro ordenamiento, sin las limitaciones que se han planteado de manera cada vez más reiterada; aunque al mismo tiempo considera preciso introducir algunas correcciones para la mejora de su regulación: entre otras, la necesidad de que se formule siempre mediante querella con el fin de que la autoridad judicial valore mejor la verosimilitud de los hechos; el mantenimiento de la exigencia de fianza en cualquier caso y siempre que esté ajustada a las exigencias determinadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como  con una necesaria adecuación del sistema de condena en costas.

La Asociación