default_mobilelogo
Pablo Saavedra Gallo
Catedrático de Derecho Procesal
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

 

La afirmación del título no es mía. Su autoría pertenece al TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos). En sentencia de 12 de enero del 2016 (caso Rodríguez Ravelo) condenó al Estado español por sancionar de forma indebida, en una sociedad democrática, las críticas emitidas por un abogado sobre la actuación del juez. Estimó que la pena impuesta produce un efecto disuasorio, no sólo sobre el abogado condenado, sino también sobre la profesión en su conjunto, limitando sin motivo su derecho a la libertad de expresión y, en consecuencia, el derecho de defensa de su cliente.

¿Merece el Estado español un reproche de este calibre? Sí lo merece. Para fundamentar mi respuesta preciso comenzar por el principio: fijando la atención en los dos vértices desde los que, dentro del marco constitucional de 1978, se desarrolla la libertad de expresión forense de los abogados en nuestro país.

El primero, una parca regulación normativa. Singularmente en la vertiente que voy a tratar: las expresiones críticas sobre la actuación de jueces y magistrados. Se reduce, en esencia, a establecer el régimen sancionador disciplinario (art. 553 de la LOPJ), penal (arts. 205-216 CP) y deontológico (art. 36 del Estatuto General de la Abogacía, RD 658/2001; lo desarrolla, sin valor normativo, el art. 3 del Código Deontológico de la Abogacía 27-11-2002).

El segundo, la configuración jurisprudencial realizada por el TC (Tribunal Constitucional) para cubrir la insuficiente regulación (STC 205/1994 de 11 de julio). Comenzó definiéndolo: derecho fundamental a la libertad de la expresión del abogado en el ejercicio de la actividad de defensa de la parte (citando expresamente la STEDH 22-2-1989, caso Barford). A continuación lo perfiló constitucionalmente: una manifestación cualificada del derecho reconocido en el art. 20 de la CE vinculado, con carácter inescindible, a los derechos de defensa de la parte (art. 24 de la CE). Destacó su carácter reforzado: especialmente resistente e inmune a restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar. Y, por último, señaló sus límites: el mínimo respeto debido a las demás partes presentes en el procedimiento y a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial.

No hemos ahorrado elogios los autores al valorarla. Se le ha llegado a calificar, con razón, de inteligente construcción jurisprudencial (Torres Del Moral). Antes que limitar, en opinión de la mayoría, el ejercicio de los esenciales derechos de defensa y asistencia de letrado, con las graves consecuencias que puede suponer para el sistema de garantías procesales en un Estado de Derecho, es preferible autorizar la utilización por el abogado en el proceso de expresiones que en otros ámbitos no serían admisibles.

Sin embargo, no ha tenido la misma atención doctrinal que el desarrollo de esa doctrina jurisprudencial está siendo un auténtico fracaso. Tanto que hay quién (García Noriega) opta por utilizar la denominación de derecho a minor, cuando hace referencia a la libertad forense del abogado, frente a la imagen de derecho reforzado (a plus) proyectada por el TC.

Tan sonado fracaso tiene como únicos y directos responsables a los dos altos tribunales españoles.

El TC con su empeño de ponderar cada caso, huyendo de aplicar unos mínimos criterios objetivos sobre los límites del derecho a la crítica, ha terminado por apartarse de su propia doctrina y de la del TEDH. Desde una misma fundamentación jurídica, emite respuestas contrarias ante supuestos fácticos prácticamente idénticos. Entre las muchas muestras de lo que afirmo, cabe citar el contenido de la STC 46/1998, de 2 de noviembre: en la que el alto tribunal estima constitucionalmente correcta una condena penal de un abogado por las expresiones críticas dirigidas al juzgador, apartándose, de manera manifiesta, de lo sostenido en anteriores sentencias (SSTC 107/1988 y 173/1995) y de la jurisprudencia del TEDH (STEDH 20-5-1998, caso Schöpfer). O las sentencias, dictadas por la misma Sala, 145/2007 (se otorga amparo al abogado que sugirió manipulaciones del reparto de asuntos por un funcionario) y 39/2009 (se le deniega al abogado que acusó al juzgador de amistad con el abogado de la parte contraria), que dejan en el aire una duda esencial: ¿Cuáles son los motivos por los que no es calumnia atribuir a un funcionario la alteración del orden de reparto de asuntos y, en cambio, si lo es acusar al juzgador de amistad manifiesta con uno de los abogados presentes en el proceso?

El TS (Tribunal Supremo), por su parte, viene interpretando de manera muy restrictiva las posibilidades de expresarse los abogados libremente en el proceso. Limitándolas más, incluso, que a los ciudadanos en general. Bajo un argumento claramente preconstitucional: los deberes del letrado exigen mayor comedimiento y mesura en el lenguaje (STS de 29 de febrero de 1992, Sala Segunda; invoca las SSTS 16-6-1890, 29-10-1934, 25-10-1974). Son los mismos términos con los que se expresaba esa Sala en la década de los años sesenta del siglo XX: el abogado, por decoro y dignidad, es el primero que debe defender la función de los jueces y magistrados; es una carga que conlleva la condición de letrado (STS de 27 de julio de 1966). Existe una larga lista de sentencias que reiteran los argumentos expuestos (SSTS Sala 2ª 23-3-1997, 23-12-2002, 9-5-2007, 2-6-2010). No hace falta decir, que tal interpretación convierte a la libertad de expresión forense en un derecho a minor (por debajo de los límites constitucionales de la libertad de expresión general prevista en el art. 20 de la CE).  En manifiesta contraposición con la doctrina sostenida por el TC y por el TEDH.

Si la situación descrita es ya bastante deficiente, mucho más lo es a partir de 2007. Con la modificación del art. 50 de la LOTC (LO 6/2007 de 24 de mayo), el TC viene decidiendo, por sistema, inadmitir a trámite los recursos de amparo relativos a la vulneración de derecho a la libertad de expresión forense. Argumenta que carecen de trascendencia constitucional (requisito b del precepto citado). Lo que deja al TS como último garante de ese derecho fundamental. Al órgano jurisdiccional que sostiene la interpretación más restrictiva, apoyándose en fundamentos de dudosa constitucionalidad.

Llegados a este punto no puede extrañar la contundencia del pronunciamiento del TEDH citado al principio. Los antecedentes del caso son una fotografía exacta de lo expuesto. Juzgado de lo Penal condena a un abogado por delito de calumnias a una pena de una multa de 30 euros diarios durante un periodo de nueve meses y una pena sustitutiva de privación de libertad cuya modalidad era la siguiente: la falta de pago de dos días, es decir 60 euros, conllevaría una privación de libertad de un día. Motivo: el abogado atribuyó a la jueza varias conductas reprochables (distorsionar la realidad, mentir deliberadamente y emitir un informe falso), por lo que se procedió aplicar, sin más consideración, la reiterada jurisprudencia del delito de calumnias  (insistiendo en el criterio profesional: el letrado por sus conocimientos jurídicos en absoluto podía desconocer el alcance de sus expresiones). Audiencia Provincial confirma la condena. TC out (inadmite el recurso de amparo por falta de especial trascendencia constitucional).

No es de la misma opinión la Sección Tercera del TEDH: a su juicio las sanciones penales impuestas al abogado (especialmente la posibilidad de privación de libertad) suponen una injustificada limitación de la libertad de expresión forense (Las jurisdicciones penales que han examinado el asunto no han ponderado…un justo equilibro entre la necesidad de garantizar la autoridad del poder judicial y la de proteger la libertad de expresión del demandante). Reconoce que la expresiones utilizadas por el letrado son graves y descorteses. Si bien en su descargo tiene en cuenta su finalidad (se refieren sólo a la forma en que la jueza conducía el procedimiento) y la forma de realizarlas (expresadas por escrito y con exclusivo conocimiento de las partes y el juzgador). Admite, pues, que deben ser sancionadas, pero por la vía disciplinaria prevista en el ordenamiento español (arts. 552-554 LOPJ), en ningún caso en sede penal (las sanciones penales especialmente la privación de libertad, difícilmente pueden encontrar una justificación).

No acepta el argumento invocado por el Gobierno español: la pena impuesta al demandante era proporcionada a la gravedad de la infracción cometida. Al contrario, considera que el mismo hecho de haber sido condenado penalmente, junto con el carácter grave de la pena impuesta al demandante es de naturaleza a producir un “efecto disuasorio” sobre los abogados en situaciones en las que para ellos se trata de defender a sus clientes (SSTEDH 21-3-2002, caso Nikula, 23-4-2015, caso Morice). Reitera (STEDH 27-1-2004, caso Kyprianou) que el principal deber del abogado consiste en defender con celo los intereses de sus clientes, lo que le lleva a veces a preguntarse sobre la necesidad de oponerse o no a la actitud del tribunal o de quejarse de ello. Sin que pueda influir en la decisión del abogado, el efecto disuasorio que podría revestir una sanción penal incluso relativamente leve. Concluye, condenando al Estado español a abonar al abogado la cantidad de 8.100 euros (ocho mil cien euros) por daño material.

Al margen de la circunstancias específicas del caso, resulta evidente que el TEDH ha enviado al Estado español (a sus tribunales) un mensaje más general (un auténtico aviso a navegantes). Era sólo cuestión de tiempo que esto ocurriese: no pueden subsistir líneas jurisprudenciales tan dispares sobre una misma materia. Menos aun cuando lo que está en juego es el desarrollo de un derecho básico en el Estado de Derecho. No olvidemos que la comunicación con el juez y el resto de las partes es el instrumento básico de los abogados para la defensa de su cliente. Si esa comunicación no se puede efectuar dentro de unos márgenes amplios de libertad, se resiente, nada menos, que el derecho fundamental de defensa y todo el sistema de garantías procesales contemplado en nuestra carta magna.

Téngase en cuenta, además, que la jurisprudencia del TEDH es de mínimos. Al enjuiciar si la legislación interna de cada Estado se ajusta al CEDH, acepta, sin problema alguno, diversas graduaciones en el desarrollo de los derechos. Sólo estima que existe vulneración cuando se aplica por debajo del mínimo asumible. Por lo que en la sentencia comentada, el alto tribunal europeo establece una auténtica línea roja: en materia de libertad de expresión forense se debe acudir, como regla general, al régimen sancionador disciplinario previsto en el ordenamiento español, y, excepcionalmente, al penal, respetando así su naturaleza de derecho fundamental reforzado (a plus). En consecuencia, el carácter preferente de la vía disciplinaria para sancionar los excesos expresivos de los abogados, no se circunscribe al antiguo juicio de faltas, ahora juicio por delitos leves (SSTC 38/1988, 92/1995 y 157/1996), sino que se extiende a todos los procesos penales. Por una razón que el propio TC ha señalado (pero que parece olvidar en otros pronunciamientos): aquella vía disciplinaria se ha establecido al servicio de los derechos fundamentales garantizados en los arts. 20.1.a) y 24 de la CE (STC 113/2000).

Esperemos que tomen buena nota los tribunales españoles.

El TC asumiendo su función constitucional de amparo de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Incompatible con el sistema selectivo de admisiones que practica. Y aplicando, con coherencia, su propia doctrina (réplica de la elaborada por el TEDH).

La Sala Segunda del TS acogiendo en su integridad la jurisprudencia del TC y del TEDH (totalmente ajena a los fundamentos preconstitucionales que suele utilizar). En esa dirección, tiene un modelo a seguir: la sentencia de 31 de mayo de 2011, en la que la Sala Primera del TS cambia su doctrina anterior por otra mucho más ajustada a la sostenida por el TEDH. Trae causa de la demanda de responsabilidad civil presentada contra un juez, donde se le atribuye el haber dictado, de forma perseverante, contumaz y arbitraria, resoluciones contrarias a Derecho, con desviación dolosa en el  ejercicio de la función jurisdiccional (antes el abogado había acusado al juez de negligencia profesional de la que fue absuelto). Una vez desestimada la demanda, el juez presenta demanda de protección al honor por las ofensas recibidas. El Juzgado de Primera Instancia competente la estima y condena al abogado y a su cliente a abonar una indemnización de 60.000 euros. La Audiencia Provincial confirma el fallo. El TS, Sala 1ª, casa la sentencia, sosteniendo que la actuación presuntamente ofensiva forma parte de la estrategia de defensa del cliente, lo que impide valorarla como agresión injustificada. Emitiendo una conclusión final en línea con la jurisprudencia del TEDH: el que un abogado se sirva de todos los medios a su alcance para rebatir jurídicamente una decisión judicial o sus efectos o su conducta, entra dentro del ámbito constitucionalmente protegido de la libertad de expresión reforzada del profesional y del propio derecho de defensa de su cliente.

Y el resto de los tribunales penales españoles aceptando el carácter preferente que tiene la vía disciplinaria para sancionar los excesos expresivos de los abogados, frente al carácter excepcional de las condenas penales. Ya hay jueces penales que se vienen pronunciando en ese sentido. Por ejemplo, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Pamplona, que en sentencia de 22 de mayo de 2015 absuelve a un abogado del delito de injurias. Consideró que las expresiones utilizadas por el abogado en un recurso contra un auto de inadmisión de una querella (es una aberración jurídica que únicamente pone de manifiesto la escasa gana, o mejor, ninguna, que ese juzgado muestra para instruir una causa penal….es un anacronismo completamente desorbitado…. infracción monstruosa del artículo 24 de la Constitución), incluso siendo algunas gratuitas e innecesarias para la defensa, están amparadas por la libertad de expresión reforzada de los abogados, lo que les permite una mayor beligerancia en los argumentos. Finaliza remitiéndose a la vía disciplinaria contemplada en la LOPJ.